Seis consultoras se disputan el contrato de la CNMV para ‘espiar’ a la banca | Mercados



El proceso diseñado por la CNMV para contratar a la empresa que pondrá en el terreno –es decir, las sucursales de los bancos–, a los espías (mystery shoppers o clientes ficticios), avanza en pleno verano. Seis consultoras están en la recta final del concurso, y la ganadora se conocerá a partir del próximo 6 de septiembre.

Las firmas que han presentado oferta para la licitación son Bufete de Marketing, High Remark, Informa Consulting Compliance, Inmark Europa, SGS ICS Ibérica y Telecyl, según los datos de la plataforma de contratación del sector público. Ha quedado excluida Proforma Value por presentarse fuera de plazo, según la documentación.

El objetivo es que una vez se elija a la empresa ganadora, esta se ponga a trabajar en el acto para vigilar cómo venden las entidades financieras los productos. En el plan de actividades de la CNMV para 2019 se prevé que sea en el segundo semestre cuando se realice “un nuevo ejercicio de supervisión, utilizando la técnica del mystery shopping”. Es decir, en el que los empleados de la firma contratada se hagan pasar por clientes y realicen visitas o llamadas telefónica sin revelar su actuación por cuenta del supervisor.

El contrato base de la licitación es de 65.600 euros para un plazo de dos años, aunque este es ampliable por un año adicional, lo que podría elevar el valor estimado del contrato a 98.400 euros. Durante el periodo de duración, la firma realizará al menos una comprobación del proceso de comercialización de productos financieros con un mínimo de 100 visitas. El número máximo de comprobaciones será de cinco y el de visitas, de 1.200.

El supervisor quiere apoyo para detectar chiringuitos

Cruzada. La llegada de Sebastián Albella a la presidencia de la CNMV en noviembre de 2016 llevó aparejada una lucha sin cuartel contra los chiringuitos financieros, entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas para ello. En lo que va de año, la CNMV ha lanzado advertencias sobre 199 firmas que no cuentan con su visto bueno para operar, lo que supone más que triplicar los 63 avisos del conjunto del ejercicio 2018. El supervisor aseguró en su plan de actividades de inicios de año que la empresa que contrataría para labores de espionaje tendría también la capacidad para colaborar con actuaciones específicas de mystery shopping, a petición de la CNMV, en investigaciones concretas. “Se trata de que la CNMV tenga a disposición una empresa que pueda colaborar en actuaciones específicas, por ejemplo en la obtención de información sobre la actividad de empresas no autorizadas (chiringuitos financieros)”, señala el documento.

El pliego de condiciones técnicas señala que, “en una misma investigación, la CNMV podrá solicitar la realización de visitas a las sucursales u oficinas de atención al público de un máximo de ocho entidades diferentes a la vez, distribuidas por todo el territorio nacional”. El supervisor podrá establecer las entidades que se deben analizar y el número de visitas que se realizará. La duración de cada visita o llamada del cliente ficticio será de entre 15 y 45 minutos. Una vez completada la comprobación, la consultora entregará a la CNMV un informe respecto a su resultado y sus conclusiones obtenidas durante las simulaciones. La comprobación del proceso de venta estará marcada por la regulación Mifid 2, que obliga a las entidades a ofrecer servicio de asesoramiento o a ofrecer productos de terceros para poder embolsarse las comisiones por comercialización.

En el primer ejercicio de mystery shopping, realizado en 2016 y cuyos resultados se publicaron en febrero de 2017, se puso de manifiesto la deficiente praxis al asesorar. Una de las conclusiones de ese estudio fue que las entidades realizaban asesoramiento sin reconocerlo. La actividad de asesoramiento debe realizarse solo después de que el cliente haya rellenado el preceptivo test de idoneidad. Otro de los problemas surgió precisamente con los fondos de inversión.

Los falsos clientes constataron que, uno de los productos más ofrecidos –en alrededor del 90% de los casos–, no ofrecía toda la información necesaria, pues se entregaban fichas comerciales con datos incorrectos o imprecisos, en lugar del documento de datos fundamentales (DFI).

Además, el 100% de los fondos ofertados eran gestionados por el propio grupo de la entidad y se ofrecía información deficiente sobre las comisiones, los costes y gastos aplicables. Ahora, la directiva Mifid 2, en vigor desde enero de 2018, pone el acento en todas estas cuestiones, de manera que en el inminente análisis no habrá excusas.

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