Una trabajadora de la dependencia: “Me duele tanto la espalda que lloro” | Sociedad



Comienzan a despertarlos a las siete de la mañana para que dé tiempo a asearlos y que a las diez estén listos para el desayuno. Son solo dos gerocultoras en la planta para atender a 17 ancianos en situación de gran dependencia, la más grave. “Tuve incluso una lesión en el hombro por los movimientos repetitivos y por trasladar a los usuarios. Cuando llegas a casa, te duele todo y lo único que haces es tomarte un ibuprofeno para poder seguir con las tareas domésticas”, cuenta Juani Peñafiel, que lleva 17 años trabajando en el sector, ahora en una residencia privada en Madrid. “Hay rachas en las que me duele tanto la espalda que me estiro en el suelo y lloro”, dice esta mujer de 50 años. Los sindicatos se quejan de la sobrecarga. Un estudio de CC OO pone de manifiesto que gran parte de las empleadas termina medicándose para paliar el dolor.

Ella es una de las 250.000 personas que trabajan vinculadas a la Ley de Dependencia en España, según una estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, experta en la materia. La gran mayoría (casi un 90%) son mujeres, según cálculos de CC OO, que eleva la cifra de empleados solo en el sector residencial a más de 290.000. Los sindicatos lamentan la “precariedad” —las gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio no llegan a los 1.000 euros al mes, según el convenio— y las condiciones laborales, que repercuten en la calidad del servicio que prestan a unos usuarios en situación tan vulnerable. Si algo genera consenso entre trabajadores, sindicatos y las empresas del sector es la necesidad de financiación de una ley ahogada por los recortes.

Las mujeres toman más tranquilizantes y somníferos que los hombres, y el porcentaje de población que declaraba haber tomado hipnosedantes subió entre 2007 y 2013, los últimos datos disponibles, entre la población laboral de los servicios sociosanitarios, educativos y de la Administración. “Pasó del 5,7% al 8,6%, según la encuesta Edades del Ministerio de Sanidad. Es un porcentaje superior al 7,3% de media del conjunto de la población laboral”, explica José Rodríguez Valdés, de la secretaría de seguridad laboral de CC OO. Aquí se incluye a los trabajadores de los servicios sociales. “Es el tercer sector en que más creció el consumo de hipnosedantes en estos cinco años [el primero fue el de las actividades domésticas]”, señala.

“Esto nos llevó a realizar un estudio entre más de 80 trabajadoras de residencias, a través de grupos de discusión y de una veintena de entrevistas en profundidad con empleadas y con delegados sindicales, responsables de recursos humanos, médicos…”, añade. Ellas refieren una sobrecarga de trabajo física y psicológica. “Casi el 80% manifiesta dolor de forma habitual y tres de cada cuatro asegura que toma medicación para paliarlo. Los resultados no se pueden extrapolar a toda la población, pero dan una idea de la gravedad de la situación”, sostiene Rodríguez Valdés. “Cuentan que sienten presión, cansancio, bajo reconocimiento profesional”, sostiene. “Antes de llegar a medicarse para calmar la ansiedad o conciliar el sueño, toman antiinflamatorios o calmantes”, continúa.

“Tienen altas cargas de trabajo, al que además se ven abocadas en situaciones de estrés, porque ven que no llegan y por las personas a las que atienden, muy vulnerables”, sostiene Gracia Álvarez, responsable de dependencia en UGT. “Sus condiciones repercuten directamente en la calidad del servicio”, añade. Más de un millón de personas recibe una prestación o servicio a través de esta ley. Más de 257.000 personas están en lista de espera. Más de 146.000 aguardan a ser valoradas para saber si tienen derecho. “Las trabajadoras tienen bajos salarios y muchas tienen problemas físicos a consecuencia del mismo”, dice Álvarez.

Juani Peñafiel corrobora que los dolores son comunes entre las compañeras. Ella cobra 700 euros al mes por trabajar “tres o cuatro días a la semana” de siete a tres de la tarde. “El sector ha ido empeorando con los años. En mi planta hace 15 años éramos cuatro trabajadoras para atender a las mismas personas que ahora, que somos dos”. Los usuarios de esta residencia privada pagan “de 2.600 a 3.400 euros al mes”. “Por ese dinero a veces pienso que estarían mejor en su casa”, continúa esta trabajadora, que afirma que, aun sin parar en toda la jornada, no les están dando un servicio adecuado.

Los sindicatos piden mejoras salariales. Llevan meses negociando con la patronal el nuevo convenio colectivo, que agrupa al sector de las residencias, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. UGT y CC OO han convocado precisamente este jueves concentraciones en ciudades de toda España —en Madrid ante la CEOE— para reclamar una subida del sueldo. “Hay cuatro categorías por debajo del salario mínimo, no llegan ni a los 900 euros al mes en 14 pagas. Reclamamos una subida del salario del 10% entre este año y el próximo”, reivindica Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO. Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que aglutina a las grandes compañías del sector residencial, replica que están dispuestos a negociar, pero que no han aceptado esa propuesta, “planteada en octubre porque les haría subir más de un 8% el salario en 2020”. Asegura que cumplen las ratios fijadas por las comunidades autónomas —que los sindicatos tildan de insuficientes— y reclama más financiación.

Cubero afirma que los precios de plaza pública fijados por las consejerías se remontan “en la mayoría de los casos a antes de la crisis” y recuerda que la Administración General del Estado tiene la obligación de cofinanciar la ley al 50% junto a las comunidades autónomas. “Ahora paga un 20% y las comunidades autónomas, un 80%”, sostiene. Y aquí el consenso con los sindicatos es absoluto. “Un gran problema de la dependencia es la financiación. Nació sin dotación económica y los recortes no se han recuperado”, sostiene Gracia Álvarez, de UGT.

Pero ella incide además en la precariedad y en la sobrecarga, también de las auxiliares de ayuda a domicilio. Un estudio de UGT, presentado el año pasado, pone de manifiesto las dificultades de las trabajadoras. “Es un servicio público, pero normalmente de gestión privada. Suelen tener jornadas parciales, pero partidas, de tal manera que a lo mejor trabajan unas horas por la mañana y otras por la tarde, lo cual les impide compaginarlo con otros empleos. Y las casas no suelen estar adaptadas, realizan mucho esfuerzo físico, por lo que acumulan patologías”, apunta Álvarez.

Estrella López de la Rosa, sevillana de 45 años, atiende a cinco ancianos en diferentes zonas de Huelva. “Me encargo del aseo, pero también de tareas como hacer la compra, limpiar la casa o ayudarles a pasear”. Asegura que se ha gastado “mucho en fisioterapeutas”. Cobra 982 euros al mes por una jornada completa en la que realiza “gran esfuerzo” físico. “La mayoría de las casas no tienen ni camas articuladas ni grúas”, explica. Ella no se medica a diario, pero conoce a compañeras que “toman antiinflamatorios o relajantes musculares antes de ir al trabajo”. Para soportar la nueva jornada. Y al día siguiente, vuelta a empezar.

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