Una ministra en la boca del lobo | Sociedad



“Con la iglesia hemos dado”, advierte don Quijote a Sancho. No se refería al poder eclesiástico, que, por lo demás, atemorizó mucho a Cervantes, sino a una simple torre, con la que el caballero andante estuvo a punto de toparse de mala manera. No era un alcázar de postín, lamenta, sino una humilde iglesia de pueblo. En cambio, ante la ministra de Educación (en funciones), Isabel Celaá, se alza el nacionalcatolicismo en pleno. Ha ocurrido en el corazón mismo del poder que más miman los obispos, la educación, agrupado en las Escuelas Católicas y sus 6.000 colegios concertados.

Se suponía que la ministra inauguraría el congreso con un discurso de conveniencia (para eso fue invitada), pero entró en una materia que solivianta a la clerecía con solo enunciarla, y lo ha hecho en un fin de semana caliente, no solo por las reformas educativas que le suponen al futuro Gobierno, sino porque el viernes ha comenzado otro congreso multitudinario, titulado Católicos y Vida Pública, de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP-CEU), con el tema Libertad para educar, libertad para elegir, y porque la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reúne en asamblea plenaria a partir del lunes, muy dividida ante el papa Francisco, pero unánimemente alarmada por las circunstancias políticas nacionales.

La ministra Celaá está siendo víctima de destempladas execraciones, pese a su biografía personal y política. Cuando tomó posesión del cargo, en junio de 2018, la poderosa Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa) la recibió con piropos. Destacaban su mandato como consejera de Educación en el País Vasco, donde más del 50% de la enseñanza es concertada católica, y también que había estudiado en un colegio católico concertado, el Sagrado Corazón de Bilbao.

Lo afirmado por Celaá ante los líderes de las escuelas católicas no fue un lapsus, como supone el portavoz episcopal, Luis Argüello, sino doctrina constitucional. El derecho familiar a elegir el colegio que más guste está enunciado, efectivamente, en la Constitución, pero es como el derecho a una vivienda digna, también constitucional. Millones de españoles no pueden disfrutarlos, sin que los obispos se conmuevan. El 90% de los centros de Escuelas Católicas están en las ciudades; casi ninguno en las zonas rurales, la dichosa España vacía. Es fácil proclamar en papel derechos y libertades; la ética sufre cuando toca poner los medios.

El artículo 27 de la Constitución proclama la libertad de enseñanza, pero hace 10 precisiones, consecuencia de desacuerdos que casi rompen el consenso del que tanto se presume. Fueron muchos los obispos que, liderados por el Primado de Toledo, el cardenal Marcelo González, hicieron campaña por el No en el referéndum constitucional. Lo cierto es que el texto permite al legislador de turno modelos de izquierdas o de derechas, como demuestran la media docena de leyes educativas aprobadas en los últimos 40 años (una del Gobierno Suárez; cuatro con el PSOE, y dos con el PP). El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en medio centenar de ocasiones sobre sus aspectos en disputa.

Otra cosa es la política. “Los católicos hemos sido excluidos, o nos hemos autoexcluido, de la vida política”, se queja el director del congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus. Aún peor: cuando los católicos discrepan en sus partidos, reclamando reponer en las leyes los principios cristianos, “son apartados y excluidos”, en opinión del presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza. Su congreso, este fin de semana, ha programado un debate sobre “la libertad de educación en España”. Iba a protagonizarlo el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. El número dos de la ministra Celaá se ha caído del programa. La mesa la ocupan Fernando Gurrea (PSOE), Carlos Aragonés (PP), Rocío Monasterio (Vox) y Marta Martín (Ciudadanos).

Llama la atención que en la disputa nadie apele a los Acuerdos concordados en 1976 y 1979 entre España y el Estado vaticano. Son la madre del cordero, como suele decirse. No es el artículo 27 de la Constitución quien ordena pagar con dinero público (en torno a 700 millones cada año) a los profesores de catolicismo que los obispos seleccionan cada curso escolar con derecho a mandarlos al paro cuando gusten, por casarse por lo civil, acostarse con alguien que no sea su marido o ser candidato de Izquierda Unida. Hay cientos de sentencias condenando prácticas semejantes.

La Constitución enuncia los derechos y libertades de los españoles. Los Acuerdos con el Vaticano, un Estado extranjero, protegen los privilegios eclesiásticos, como que la asignatura de religión y moral católica tenga los mismos derechos (a sumar en la nota media, para obtener becas, sobre la Selectividad), que, por ejemplo, las matemáticas, y lo mismo sus docentes, librados de oposición. He aquí esta otra exigencia: “La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. ¿También en las escuelas de las comunidades judía, musulmana y protestante, o en los centros laicos o agnósticos? Respecto de los medios de comunicación social, España cede al Vaticano esta extravagante prerrogativa, en el más puro estilo nacionalcatólico: “El Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos”.

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