Arrimadas se suma a la movilización de la concertada contra Celaá | Sociedad



En Ciudadanos creen que la ministra en funciones de Educación no tuvo “un lapsus” al decir en la inauguración del congreso de Escuelas Católicas que la libertad de elección de centro por las familias no emana de la Constitución, sino que Isabel Celaá “ha empezado una cruzada contra la concertada” para hacerse un hueco en el nuevo Gobierno socialista con Podemos. Y a esa cruzada, pero en el bando contrario que cada vez está más movilizado, se suma ahora Inés Arrimadas, líder de facto de este partido. Hoy miércoles se ha reunido en el Congreso con el sector de la enseñanza concertada (de titularidad privada, pero sufragada con fondos públicos) para mostrarles su apoyo. Es su primer encuentro como líder del partido en funciones.

Ciudadanos registrará en el Congreso una proposición de ley para reformar la LODE —la ley educativa aprobada en 1985 y que regula la escuela concertada— para que recoja de forma “clara” y “específica”, en palabras de la diputada Marta Martín, que el artículo 27 de la Constitución recoge la libertad de elección de centro “en todas las dimensiones que esto conlleva”, evitando así que, “bajo ningún concepto el poder político pueda restringir esta libertad”. Además, Ciudadanos quiere que la Alta Inspección confirme que no se cierren aulas de la concertada si hay demanda.

Arrimadas pidió a Martín, la diputada portavoz en la comisión de Educación, que organizara una reunión con las patronales y las familias de la educación subvencionada tras las declaraciones de Celaá. Y así ha sido. Pero entremedias el lunes, al tiempo que Arrimadas se postulaba para dirigir Ciudadanos, Pablo Casado escenificó en Génova el apoyo del Partido Popular a la concertada reuniéndose con sus patronales, sindicatos y familias.

Ciudadanos ha sentado a la mesa a más actores que el PP, pues ha acudido a la cita la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y cooperativas de profesores laicas. José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, ya había adelantado el lunes sus siguientes pasos: “Hemos venido al PP porque nos han convocado, pero dónde nos convoquen iremos. A todos los partidos y, por supuesto, al ministerio [de Educación]”. Los convocados imaginan que se entrevistarán con Vox —que apuestan porque las familias reciban un cheque escolar con el que pagar el colegio deseado—, pero no esperan más llamadas.

Por tres veces Celaá ha insistido en que los padres seguirán eligiendo colegio y que no se va a revisar el concordato con el Vaticano, pero la derecha no parece dispuesta a aflojar sus críticas. Alvira, franco, concede que lo que realmente les da “miedo” es que Podemos pueda gestionar el Ministerio de Educación. Los socialistas ofrecieron en las primeras negociaciones a Pablo Iglesias el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero Educación, una cartera con alto contenido ideológico, no estuvo encima de la mesa.

Ciudadanos conoce bien el azote de la concertada. Lo vivió en 2015 tras acordar con el PSOE y Podemos que los presupuestos de la Comunidad de Madrid 2016 destinaran 2,9 millones de euros —que iban a ir a la concertada— al mantenimiento de los edificios de las seis universidades públicas que iban a recibir cero euros. La presión mediática fue tal que se autoenmendaron en un voto particular. Ciudadanos gobierna en coalición con el PP en Madrid, Murcia y Andalucía, comunidades en las que pretenden extender los conciertos educativos desde la escuela infantil a bachillerato, aunque estos se crearon para la etapa obligatoria (Primaria y Secundaria). 

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