Marina Isla de Valdecañas: El Constitucional anula la recalificación que respaldó el complejo de lujo de Valdecañas | Sociedad



El futuro se le vuelve a complicar a la urbanización de lujo “Marina Isla de Valdecañas” construida en una isla de 135 hectáreas en el embalse de Valdecañas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres). El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo que se incluyó en la ley del suelo y que permitió a la Junta de Extremadura homologar el proyecto, del que se han edificado 180 villas (la mitad de las previstas), un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, además de una playa artificial, puntos de amarre y pistas deportivas.

El TC ha tomado la decisión tras una petición del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que declaró la nulidad del proyecto en 2011 por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Esa sentencia ordenó “la reposición de los terrenos al estado anterior”, cuando no existía ninguna edificación en la isla. Pero días después, el Parlamento regional incorporó un nuevo párrafo a la ley del suelo en el que se abría la puerta para construir en terrenos de la Red Natura 2000 (áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea). De esta forma, las zonas protegidas podrían urbanizarse siempre que fuera compatible con la preservación de los valores naturales. En aquel momento la urbanización ya estaba construida al nivel actual, por lo que el cambio legal trataba de homologarla a posteriori.

En 2014 el Tribunal Supremo confirmó el fallo del TSJEX (restituir el entorno a su estado natural), pero todavía no se ha decidido qué hacer con la urbanización. El actual fallo del Constitucional no se pronuncia en cuanto a su destino, que será determinado por los jueces extremeños. La Junta ha propuesto que se mantengan las construcciones actuales y el resto, pendiente de urbanizar, se dedique a mejoras medioambientales. José María Trillo, de Ecologistas en Acción, sostiene que “con este pronunciamiento del Constitucional se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias de demolición sobre Valdecañas y debe procederse a la restitución del espacio natural”.

Las asociaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción solicitaron al TSJEX, en el marco del procedimiento administrativo que se sigue contra la urbanización, que planteara la cuestión de inconstitucionalidad, que ahora se ha estimado de forma parcial. Los conservacionistas argumentaron para ello que se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia y además contradecía la legislación básica estatal al permitir urbanizar suelo no urbanizable (en la actualidad suelo rústico) integrado dentro de la Red Natura 2000.

El letrado de la Junta de Extremadura recuerda que la sentencia del TC recoge un voto particular que coincide con sus tesis. “Estamos analizando el fallo y sus repercusiones, pero si esa es la doctrina que se va a implantar, tendrá consecuencias en toda la Red Natura de España”, explica. “Por ejemplo, Trujillo que se encuentra en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) ¿no va a poder tener ningún desarrollo urbanístico? Se ha elevado muchísimo la protección”, plantea. El Ejecutivo extremeño recuerda también que la citada ley no está ya en vigor.

Para los ecologistas lo importante es que el TC vuelve a confirmar “por tercera vez” lo que ellos alegan: “que la utilización de los terrenos con valores ambientales que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Protección que alcanza aún mayor intensidad, si cabe, en el caso de los espacios naturales especialmente protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000”.

Esa regulación, concretan, es de carácter estatal y no puede ser alterada por las comunidades autónomas “como hizo la Junta de Extremadura en 2011, con la pretensión de legalizar el complejo Marina Isla Valdecañas, la cual es declarada inconstitucional”. Los ecologistas se muestran satisfechos debido a que llevan 12 años de procedimiento y cuentan con tres sentencias favorables. “Lo paradójico de esta situación es que sean las organizaciones ambientales las que sean objeto de una intensa campaña de desprestigio por defender la legalidad urbanística, el desarrollo sostenible y el medio ambiente en Extremadura, cuando esta es una responsabilidad de los poderes públicos”, critican.

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