“No quiero que las tres profesoras que vejaron a mi hija vuelvan a estar cerca de niños” | Sociedad



“No quiero que las tres profesoras que vejaron a mi hija vuelvan a estar cerca de niños”, ha asegurado en declaraciones a los periodistas la madre de la niña autista de cinco años que el pasado verano denunció a tres docentes del colegio público de Dos Hermanas (Sevilla) en el que estaba matriculada por un presunto delito de trato degradante y otro de violencia continuada contra la pequeña, diagnostica con síndrome del espectro autista. Este lunes la progenitora, Rocío Rodríguez, ha prestado testimonio en los juzgados de esa localidad sevillana por la querella que las tres docentes presentaron contra ella en noviembre de 2019 después de que esta crease un grupo de Facebook —con el nombre #YosoyValeria— en el que publicó comentarios que, según las denunciantes, atentan contra su intimidad. “Todo lo que he hecho es para que lo que le pasó a mi hija no vuelva a sucederle a otro niño””, ha dicho Rodríguez tras su declaración ante el juez en un caso que continúa en fase de instrucción. Igualmente, la denuncia que presentó ella contra las docentes también sigue estancada en esa fase.

Rodríguez abrió el perfil #YosoyValeria el pasado julio después de colocar una cámara en la mochila de su hija y constatar que las educadoras —la tutora del aula de educación especial, la monitora y la logopeda del CEIP Cervantes— se dirigían a la menor “en tono despectivo, mofándose de ella y gritándole” con comentarios como “Ahí te quedas, ¿te pego?” o “Ya se ha trastocao” (las docentes se reconocieron en los audios y no se opusieron a las transcripciones). 

Fue el comportamiento anómalo de la pequeña, con dos ataques epilépticos casi seguidos y excesivamente nerviosa, lo que llevó a los padres a grabar lo que pasaba en clase. Rodríguez compartió parte de los audios en el perfil #YosoyValeria y fueron comentados por buena parte de sus 6.000 miembros.

En ese grupo, la madre alertó de que una de las tres docentes —que se dieron de baja médica cuando los hechos fueron denunciados— iba a incorporarse como interina en otro centro de la localidad sevillana de Mairena del Alcor a comienzos del nuevo curso escolar. “Si conocéis a padres de ese colegio, por favor, solo quiero que estén advertidos”. El mensaje incluía los audios con las vejaciones de las maestras y la resolución de la Junta con el nombramiento de la profesora, su plaza, centro de destino y duración. La publicación generó gran revuelo y la educadora volvió a darse de baja.

Esa circunstancia motivó la querella posterior de las profesoras contra la madre, en la que se recoge que su situación actual es “insostenible”, porque “están afectadas en su salud y en su vida social y profesional”. “Lo que he hecho es para proteger a los niños, esto tiene que acabar”, ha insistido Rodríguez esta mañana. “Quiero que se adopte una medida para que no estén con niños, que les permita realizar trabajos administrativos, pero no cerca de niños”, ha insistido. Su abogado, Javier Jaenes, ha incidido en que las acciones administrativas y jurídicas adoptadas por su defendida y el propio perfil de Facebook no tienen como objetivo “atacar a las tres docentes, sino preservar el sistema educativo”. “Los padres deben saber qué profesores tienen sus hijos. Nadie quiere personas que no estén preparadas y sin vocación para que cuiden de ellos”, ha añadido.

“Este proceso es muy peligroso porque el hecho de que las docentes hayan denunciado a la madre, disuade a otras familias de denunciar comportamientos lesivos de los profesores hacia sus hijos”, advierte Katy Herrero, miembro de la Fundación Antonio Guerrero, que ha estado asesorando a Rocío desde el comienzo del proceso. Herrero habla mientras enrolla con fuerza una pancarta rosa en apoyo a esta madre, que ha enarbolado junto a una cuarentena de padres de niños con necesidades especiales y miembros de la fundación en una concentración silenciosa a las puertas de los juzgados esta mañana. “No puede ser que las víctimas acaben convirtiéndose en culpables”, afirma.

Medidas cautelares paralizadas

El comportamiento de las tres educadoras desató una gran indignación entre la opinión pública y provocó la actuación inmediata de los servicios de la Inspección de la Consejería de Educación. Su titular, Javier Imbroda, dijo entonces que no quería “que profesionales como estos estuvieran en el sistema”. El director general de Recursos Humanos de la consejería, Juan Carlos Aunión, advirtió de que desde su departamento se adoptarían las medidas necesarias para impedir que las tres profesoras pudieran reincorporarse a la docencia. Sin embargo, una de ellas se presentó a las oposiciones el mismo día que tenía que ir a declarar a los juzgados por el caso de la niña autista, y, posteriormente, al estar en la bolsa de interinos se le adjudicó la plaza en Mairena del Alcor. En la actualidad, según ha confirmado Antonio Guerrero, presidente de la fundación que lleva su nombre, esa misma profesora se encuentra dando clases en un centro de Sevilla capital.

La Junta de Andalucía inició un procedimiento sancionador contra las tres educadoras que se encuentra paralizado por la apertura del proceso judicial contra ellas, que interpuso la familia de la niña autista el pasado 31 de mayo. Es a esta circunstancia a la que apela la consejería para justificar que no se hayan impuesto medidas cautelares contra las docentes, tal y como reclama Rocío y la Fundación Antonio Guerrero. “No se puede adoptar la suspensión temporal de las docentes porque actualmente no tenemos mecanismos legales”, explican a este diario desde la Consejería de Educación. “Cuando haya un pronunciamiento judicial se activará la vía administrativa y las medidas que permita la normativa”, señalan.

Respecto de la situación de la profesora investigada por el supuesto maltrato a la niña autista y que se ha reincorporado a la docencia, desde Educación aseguran que “el inspector de Sevilla está al tanto de la situación de forma permanente, garantizando que en el aula siempre esté otra docente” y explican que la baja que cubre es la de un maestro de Pedagogía Terapéutica y desempeña su trabajo en un aula ordinaria.

Su abogada ha declinado hacer declaraciones al respecto. Los padres de la pequeña han pedido que se amplíe la investigación por un delito de maltrato físico y que se permita que un médico forense examine a la niña para determinar las posibles secuelas que haya podido sufrir por el maltrato que sufrió en el centro. A ambas peticiones se ha negado la juez instructora y la decisión se ha recurrido por parte de la familia.

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