La justicia andaluza respalda el veto contra el almacén de gas en Doñana | Sociedad



El largo pulso de Naturgy, antigua Gas Natural, para intentar sacar adelante su proyecto completo de almacén gasístico en los yacimientos ubicados entre las provincias de Huelva y Sevilla ha entrado en una fase decisiva. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado el veto que impuso la Junta de Andalucía, cuando gobernaban los socialistas, contra uno de los cuatro subproyectos en los que se dividió esta obra para su tramitación administrativa. En concreto, se trata de la obra denominada Marismas Oriental, que se adentra en parte dentro del espacio protegido de Doñana, uno de los argumentos empleados por la Junta en 2016 para denegar a la compañía la autorización ambiental que requería para sacar adelante esta polémica infraestructura.

Pero el TSJA será escenario de una batalla aún más importante relacionada con este caso: la resolución de la reclamación patrimonial que interpuso contra el Gobierno andaluz Naturgy por la paralización de este almacén. La compañía reclamaba a la Junta 358 millones de euros y se está a la espera de que el alto emita su sentencia. 

De momento, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA sentenció el 23 de diciembre que el veto impuesto en su día contra el subproyecto Marismas Oriental fue ajustado a derecho. El principal argumento que empleó la Junta de Andalucía cuando denegó la autorización fue un informe elaborado por el Espacio Natural de Doñana en 2015 en el que se advertía de que las obras previstas eran incompatibles con el plan de ordenación de este emblemático parque que, entre otros reconocimientos, es Patrimonio de la Humanidad.

La empresa, por su parte, alegó que el proyecto previsto solo consistía en una “mera mejora actuación preexistente”, en referencia a las instalaciones para la extracción de gas que existen en la zona desde los años ochenta. Sin embargo, el alto tribunal rechaza los argumentos de Naturgy y asegura que “comportaría una nueva infraestructura” incompatible con el plan de ordenación de Doñana. La empresa, que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, tiene la vista puesta ahora en la reclamación patrimonial que también debe resolver el TSJA.

La extracción de gas de estos yacimientos se remonta a los años ochenta. Pero a principios de este siglo la empresa planeó ampliar los sondeos y utilizar en un futuro los yacimientos para almacenar gas. La compañía troceó el proyecto en cuatro para su tramitación ambiental y fue recibiendo el visto bueno de la Administración central y, en algunos casos, de la andaluza. Pero en 2013 —con José Antonio Griñán de presidente andaluz y el actual ministro Luis Planas de consejero de Medio Ambiente— la Junta decidió paralizar la tramitación de los permisos. El Tribunal Supremo obligó en 2016 al Gobierno andaluz a levantar esa paralización. Fue entonces cuando la Junta dio el visto bueno a los tramos que no afectaban a Doñana, pero vetó el subproyecto Marismas Oriental por adentrarse dentro del espacio protegido y ser incompatibles las obras con la conservación del parque.

El proyecto completo contemplaba una red de 14 pozos de extracción y 70 kilómetros de tuberías. Parte de estas instalaciones ya están en la zona y de nueva construcción serían unos 20 kilómetros de gasoductos y cinco sondeos. El presupuesto que manejaba la empresa rondaba los 200 millones de euros.

La organización WWF, que siempre se ha opuesto a este proyecto, ha aplaudido la sentencia, que considera “un triunfo indudable en la lucha por conservar Doñana”. Ha recordado que el fallo se suma a los pronunciamientos negativos de “organismos internacionales como la Unesco o el Parlamento Europeo”, así como “del Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía o los defensores del pueblo español y andaluz”.

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