Ciudadanos cede ante Vox y acepta mantener el ‘pin parental’ en Murcia | Sociedad



Representantes de Vox, durante la presentación del acuerdo de Presupuestos firmado en Murcia. En vídeo, declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá. VOX / VÍDEO: EFE

Apenas 24 horas después de asegurar que el denominado pin parental era una “línea roja” que Ciudadanos no estaba dispuesto a aceptar, el partido naranja ha firmado en Murcia un acuerdo con PP (sus socios de Gobierno) y Vox para sacar adelante el presupuesto de 2020 que incluye esa medida. El revuelo por esa autorización ha llegado hasta el Gobierno central, que ha anunciado que la recurrirá por la vía judicial, pero eso no ha impedido que se mantenga en el primer punto del acuerdo, que hicieron público los ultraconservadores en torno a las diez de la noche de ayer jueves.

El texto, firmado por los portavoces parlamentarios de los tres partidos, señala que “se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura, en base a los preceptos consagrados en la Constitución”.

La medida no supone ningún cambio con respecto a la situación que actualmente se da en el sistema educativo murciano. Vox ya puso este mismo requisito en junio para hacer presidente al popular Fernando López Miras, ya que los diputados del PP y los de Cs, que forman el gobierno en coalición, se quedan a uno de la mayoría absoluta, por lo que dependen de Vox en todas las votaciones parlamentarias.

En agosto, la Consejería de Educación emitió una orden a todos los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, en la que se requería ese consentimiento familiar para las actividades complementarias, y que fue duramente criticado por sindicatos, oposición y comunidad educativa, que incluso pusieron en duda su legalidad, porque los decretos que regulan los currículos de esas enseñanzas consideran obligatorias y evaluables este tipo de actividades.

El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, del PP, apuntaba el pasado 14 de enero a la posibilidad de blindar el pin parental más allá de esas instrucciones, dentro de la normativa educativa, pero finalmente no se recoge esa posibilidad en el acuerdo, lo que podría haber sido la clave en el cambio de postura de Ciudadanos. Los naranjas han convocado una rueda de prensa este mediodía para explicar su postura.

Respecto al resto del acuerdo para aprobar los presupuestos, no presenta demasiadas novedades con respecto al que ya se firmó para la investidura. Su segundo punto es otra de las “reivindicaciones estrella” de los ultraconservadores murcianos: el cierre de un centro de menores extranjeros ubicado en la pedanía de Santa Cruz a lo largo de este ejercicio. El Gobierno lleva meses estudiando su traslado a la localidad de El Palmar.

La supresión de subvenciones a patronales y sindicatos, el gran órdago lanzado por los de Santiago Abascal al comienzo de las negociaciones de las cuentas públicas, se ha matizado y suavizado en el tercer punto del acuerdo, que promueve una modificación de la ley de participación institucional para “regular las subvenciones básicas a los agentes sociales, de forma que se compense de manera objetiva y justificada su función de participación institucional”. Se plantea, eso sí, una eliminación paulatina “de las subvenciones genéricas para gastos de funcionamiento”, con el objetivo de que desaparezcan al final de la legislatura, dejando solo ayudas para “fines y proyectos de interés general”.

Tampoco se escapan las entidades sociales, puesto que, según el acuerdo, se revisarán los baremos y criterios de las ayudas con cargo al 0,7% del IRPF para fines sociales, dando prioridad a familias, personas con discapacidad y mayores. También “se revisarán los programas y convocatorias de ayudas al tercer sector” para priorizar a los mismos colectivos y los de ayuda a la cooperación internacional para primar el apoyo en catástrofes naturales. Asimismo, se desarrollará un plan de apoyo a la maternidad, exigido también desde la investidura, aunque en aquel momento se planteó con carácter de ley.

El último punto del acuerdo, el duodécimo, pide un refuerzo de los medios técnicos y personales de la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial. En séptimo lugar se había exigido también un refuerzo de la plantilla de atención primaria y de algunas especialidades del hospital Santa Lucía de Cartagena.

El resto de medidas firmadas se resumen en la reducción de los beneficios fiscales al juego “hasta su completa eliminación”, reducción de impuestos a familias numerosas y el arreglo de la carretera de la pedanía de Benizar, una pequeña localidad del interior de la región con unos 900 habitantes que decidieron masivamente no acudir a votar a ninguna de las elecciones que han tenido lugar en 2019 para denunciar el aislamiento que sufren.

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