El Gobierno conmina a Murcia a retirar el ‘pin parental’ por “ir contra los valores constitucionales” | Sociedad



El Ministerio de Educación ha enviado este viernes un requerimiento al Gobierno de Murcia para que el Ejecutivo regional, del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, dé marcha atrás en la aplicación del llamado pin parental, una medida por la cual se permite a las familias dar su consentimiento para la asistencia de sus hijos a actividades complementarias impartidas durante la jornada escolar. La ministra del ramo, Isabel Celaá, ha declarado este viernes, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que el pin parental “va directamente contra los valores constitucionales”. 

Murcia se convirtió el pasado septiembre en la primera autonomía en poner en marcha el pin parental. La Consejería de Educación, en manos del PP, incluyó entre las instrucciones que remitió a los centros educativos la necesidad de que las familias den su consentimiento expreso para que sus hijos participen en actividades complementarias, aquellas que no tienen por qué estar ligadas a contenido curricular, pero que se imparten dentro del horario lectivo. La consejería justificó la medida en que responde a “una demanda creciente de los padres”, que se aplica “en todas las temáticas” y “solo en caso de que las imparta personal ajeno al centro educativo”. Además, apuntó que “dentro de la autonomía que ostentan” los colegios, cada uno determinará el modelo de consentimiento parental a cumplimentar.

La ministra de Educación ha explicado este viernes a preguntas de los periodistas que el Gobierno ha actuado ahora como respuesta a la intención del Ejecutivo murciano de elevar la instrucción del pin parental a decreto. El Gobierno regional necesita el voto de un diputado de Vox para sacar adelante sus presupuestos y esta era una de las exigencias de la formación ultraderechista. Por ello, el PP y Ciudadanos han accedido a mantener y consolidar esta medida. Ciudadanos, que un principio iba a oponerse, lo ha aceptado finalmente, según anunció este jueves por la noche.

Celaá ha informado de que el Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento al Ejecutivo  murciano con el fin de que “se restablezca la legalidad”. Según ha explicado, este inicio de la vía administrativa es el primer paso para poder recurrir a los tribunales en caso de que el Ejecutivo regional no rectifique su decisión. “Consideramos que este pin parental vulnera el derecho fundamental a ser educado”, ha afirmado la ministra. Y ha indicado que “contraviene las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar”, del que forman parte las actividades complementarias para las que el Gobierno murciano defiende que las familias den su autorización. “Podríamos llegar a absurdos como que surgiera un grupo antivacunas que no quisiera que los niños fueran educados en la importancia terapéutica que pueda tener una vacuna, o grupos que pensaran que las mujeres o niñas, por serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los niños”, ha dicho la ministra.

Desde el punto de vista normativo el pin parental es inviable. Las comunidades autónomas establecen en sus reglamentos que las actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo— son obligatorias para todos los alumnos y son evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares. Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el consejo escolar —con representación de las familias— y, finalmente, supervisados por la inspección educativa.

Irene Montero, que ha comparecido este viernes junto a Celaá tras el Consejo de Ministros, ha solicitado acudir a petición propia en la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género, al entender que el pin parental “es una ruptura” de este acuerdo “que defiende que se refuerce la educación afectivo sexual”. “Entendemos que el pin parental es un elemento claro de ruptura educativa y de sexismo”, ha añadido Montero. “Los hijos e hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho de ser educados en los derechos humanos y en el derecho de amar a quien quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en el feminismo, la igualdad y los valores”, ha continuado. “Para este Gobierno, la educación afectivo sexual es uno de los pilares de nuestra democracia”, ha apuntado. “Esperemos que las fuerzas de la derecha no se dejen arrastrar por Vox”. 

María Jesús Montero, que ejerce la portavocía del Ejecutivo, ha manifestado la “preocupación” del Gobierno y ha reiterado que recurrirán “por vía administrativa o judicial cualquier intento de Vox, PP o Ciudadanos” que vaya contra de los derechos de los menores “a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales”. “Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos”, ha asegurado. “Ante cualquier actuación que entendamos que vulnera su derecho, responderemos con contundencia”, ha dicho.  

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *